Es terrorismo y corrupción, no una persecución política

Son infundadas acusaciones según las cuales el presidente Hugo Chávez realiza una cacería de brujas.

The Guardian, jueves 22 de Octubre de 2009

En su artículo del 13 de octubre se presenta una imagen bastante distorsionada según la cual se estarían atacando las libertades políticas en Venezuela (Chávez acusado de convertirse en tirano: hasta antiguos aliados suyos languidecen en prisión). El planteamiento en el artículo  de que el sistema judicial tiene motivaciones políticos se apoyó en la siguiente afirmación: “Hay 38 personas detenidas por motivos políticos que se hacen ver como incursas en  delitos de corrupción y de alteración del orden público.”

Si fuera cierta tal afirmación, entonces en Venezuela habría presos políticos y se justificaría un artículo tan extenso sobre la salud democrática del país. Pero tal afirmación no es cierta.. Entre los 38 casos a los que hace referencia su artículo hay personas condenadas por el asesinato de un fiscal del Minsiterio Público que investigaba el golpe de estado de 2002; militares acusados de colocar bombas en las embajadas de Colombia y España en Venezuela; y jefes policiales que ordenaron disparar contra civiles en manifestaciones pacíficas para justificar un alzamiento militar.

El artículo del 13 de octubre hace hincapié en una serie de políticos -incluyendo al ex ministro de defensa Raúl Baduel, al prefecto de Caracas, Richard Blanco y al ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales- que el artículo hace suponer que son víctima de persecución política. Sin embargo, estas personas enfrentan acciones legales que no están motivadas por sus visiones políticas, sino por su participación en hechos de corrupción. No se menciona que muchos que apoyaban al presidente Chávez, incluyendo un ex ministro, tres ex gobernadores y una reconocida militante política, también son objeto de acciones legales por corrupción y otros delitos.

De esta manera, la única forma de fundamentar las acusaciones sobre una cacería de brujas en Venezuela es evitar hacer mención de estos casos de un modo deliberado. Existe una diferencia abismal entre el concepto de preso político (casos que no existen hoy en Venezuela) y el hecho de que hay políticos presos por acciones terroristas o corrupción.

Una cita anónima en el artículo habla de que que el presidente Chávez dirige un “régimen autoritario” alegando la supuesta existencia de “listas negras de candidatos de oposición”. Pero en Venezuela sencillamente no existen hoy  ”listas negras”. Lo que sí existe es  una separación legal de los poderes en los cuales el presidente no desempeña ningún papel judicial. Por ley, el Contralor general está facultado para aplicar sanciones a los funcionarios públicos si incurrieren en delitos, para lo cual está previsto inclusive su descalificación para optar a cargos públicos por un determinado lapso. Esta norma existe desde 1975, y la legislación vigente se adoptó en 2002, con el voto casi unánime de la Asamblea Nacional y con el apoyo de partidos políticos que se oponen al Presidente Chávez.

La sola sugerencia de que tales sanciones se aplican con criterio político no resiste el menor análisis. De los cientos de casos de personas que enfrentan cargos por corrupción, más de la mitad son simpatizantes del gobierno. El respetado estudio anual de opinión de Latinobarómetro correspondiente al año 2008 indica que Venezuela se encuentra en segundo lugar en la región con respecto al nivel de satisfacción de sus habitantes con el funcionamiento de la democracia. Cabe preguntarse, ¿Cuáles son los jueces más idóneos de la democracia en Venezuela, los políticos de oposición acusados de corrupción o de otros delitos o el propio pueblo venezolano?

Las acusaciones sobre la existencia de una tiranía en Venezuela están, desde todo punto de vista, muy alejadas de la realidad. En Venezuela no hay presos políticos, ni tortura legalizada, ni cárceles clandestinas. Tampoco hay detenciones y entregas “extraordinarias” de personas con fines de tortura en territorios terceros, ni escuadrones de la muerte ni paramilitares en Venezuela. No “desaparecemos” a nuestros ciudadanos, ni asesinamos sindicalistas; no obviamos el derecho internacional, ni bombardeamos civiles inocentes. Tampoco invadimos otros países. Entonces, ¿No es hora ya de presentar una imagen más ajustada a la realidad?

Samuel Moncada, Embajador de Venezuela ante Reino Unido